El
ministro de Justicia sudafricano, Jeff Radebe, ha pedido públicamente
explicaciones a la Fiscalía Nacional por su decisión de imputar cargos de asesinato a 270 mineros por la muerte de 34 compañeros de la mina de platino de Marikana, en el noreste de Sudáfrica, tiroteados por la Policía el pasado 16 de agosto, según ha informado la cadena de televisión SABC.
La
Fiscalía ha decidido imputar a los 270 mineros después de que la
Policía asegurara que había encontrado cadáveres con disparos en la
espalda, circunstancia que ha considerado que podría apuntar a que
fueron asesinados por sus propios compañeros. La imputación se basa en
la aplicación de una ley que data de los últimos años del Apartheid y
que permite procesar y condenar a todo un grupo de personas cuando una
de ellas ha cometido un crimen por la suposición de que existen
connivencia y objetivos comunes entre todos los miembros del colectivo.
En
un comunicado, Radebe ha informado de que ha pedido al director de la
Fiscalía Nacional, Nomgcobo Jiba, que le presente cuanto antes un
informe para explicar su decisión de imputar a los mineros. Radebe ha
incidido en que la imputación ha provocado consternación, «pánico» y
«confusión» en la sociedad sudafricana. Añadió que la Constitución
establece que el ministro de Justicia «debe ejercer la responsabilidad
final sobre la autoridad fiscal».
Los 34 trabajadores murieron el 16 de agosto en enfrentamientos en los
que la policía abrió fuego contra ellos de manera indiscriminada en la
mina de platino de Lonmin, en la provincia del Noroeste.
Diez personas, entre ellas dos policías y dos guardias de seguridad, fueron asesinadas días antes en el marco del conflicto, algunas golpeadas hasta la muerte.
"La decisión de la fiscalía generó shock, miedo y confusión entre los miembros de la comunidad y la opinión pública en general en Sudáfrica. Me incumbe por tanto pedir una aclaración de la base sobre la que se tomó esa decisión", dijo en un comunicado el ministro de Justicia, Jeff Radebe.
Los fiscales habían anunciado el jueves que invocarían una ley de la época del Apartheid para acusar a los 270 mineros de ser corresponsables de las muertes. Los trabajadores, que fueron detenidos tras los enfrentamientos, comparten la culpa de lo que pasó por la huelga ilegal en la que participaron, señalaron.
Los sindicatos se manifestaron "absolutamente furiosos" por la decisión. Uno de ellos reiteró su preocupación por las denuncias sobre "las condiciones en las que son mantenidos en prisión los trabajadores acusados" y exigió que sean liberados bajo fianza de inmediato.
La policía ha admitido que está investigando denuncias de tortura. Los jueces han extendido mientras tanto los períodos en los que los mineros pueden permanecer encarcelados.
Diez personas, entre ellas dos policías y dos guardias de seguridad, fueron asesinadas días antes en el marco del conflicto, algunas golpeadas hasta la muerte.
"La decisión de la fiscalía generó shock, miedo y confusión entre los miembros de la comunidad y la opinión pública en general en Sudáfrica. Me incumbe por tanto pedir una aclaración de la base sobre la que se tomó esa decisión", dijo en un comunicado el ministro de Justicia, Jeff Radebe.
Los fiscales habían anunciado el jueves que invocarían una ley de la época del Apartheid para acusar a los 270 mineros de ser corresponsables de las muertes. Los trabajadores, que fueron detenidos tras los enfrentamientos, comparten la culpa de lo que pasó por la huelga ilegal en la que participaron, señalaron.
Los sindicatos se manifestaron "absolutamente furiosos" por la decisión. Uno de ellos reiteró su preocupación por las denuncias sobre "las condiciones en las que son mantenidos en prisión los trabajadores acusados" y exigió que sean liberados bajo fianza de inmediato.
La policía ha admitido que está investigando denuncias de tortura. Los jueces han extendido mientras tanto los períodos en los que los mineros pueden permanecer encarcelados.
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