“Ante las nuevas amenazas por su actitud corajuda de solidaridad con los pueblos indígenas y trabajadores de la tierra”, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados manifestó “su más fuerte apoyo y solidaridad con el obispo Casaldáliga, un humanista que enorgullece a Brasil y a todos los que están comprometidos con los Derechos Humanos”, dice una nota dada a conocer desde Brasilia, luego de los testimonios de apoyo ya enviados en los días anteriores por varias organizaciones de la sociedad civil a monseñor Pedro Casaldáliga, de 84 años, obispo emérito de la prelatura de São Félix do Araguaia, en el corazón de la región amazónica.
Monseñor Casaldáliga, un español naturalizado brasileño, pertenece a la orden religiosa de los Hijos del Corazón Inmaculado de María (Claretianos). El obispo se vio obligado a dejar su comunidad de Mato Grosso después de recibir por enésima vez amenazas por haber apoyado a los indígenas Xavantes en su lucha por el reconocimiento de su propiedad sorbe sus territorios ancestrales. El prelado, que sufre del mal de Parkinson, fue trasladado a una localidad desconocida y se encuentra bajo protección de la policía federal.
La Comisión especial de la Cámara ha elogiado “la presencia solidaria y la autoridad moral del obispo en la resistencia de los Xavante para la devolución de su territorio” reconociendo también “legitimidad de la militancia de él como defensor de derechos humanos para actuar en defensa de los pueblos oprimidos del campo”. En la moción los diputados condenan la ocupación de las tierras indígenas, señalando que “la retirada de los hacederos es imperativa para la paz en el campo”. La comisión también exhorta a las autoridades competentes a “acelerar los procesos de demarcación y asentamiento de pueblos indígenas en sus territorios de Mato Grosso (oeste del país) y en los demás estados donde hay conflictos por la ocupación de áreas indígenas”.
Oriundo de Cataluña, monseñor Casaldáliga llegó a la región amazónica brasileña en 1968, después de haber pasado siete años como misionero en Guinea Ecuatorial. Destacado exponente de la Teología de la Liberación, se ha convertido nuevamente en los últimos tiempos en blanco de las amenazas de parte de sectores contrarios a una orden judicial para que los invasores de las tierras indígenas Marãiwasèdè pertenecientes al pueblo Xavante abandonen ese territorio después de 20 años de batallas legales.
Junto a otras organizaciones, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) calificaron de “irresponsable imputar a dom Pedro la responsabilidad por la demarcación del territorio Xavante”, y señalan que el obispo “siempre actuó en defensa de los intereses de los más pobres, de los pueblos indígenas, de los trabajadores precarios y los jornaleros”.
Desde los años treinta del siglo pasado existen rastros de la presencia de los Xavantes en las tierras Marãiwasèdè. A partir de los años sesenta, con la llegada de las empresas agropecuarias y en particular de la Suiá Missú comenzaron a ser expulsados de su territorio que era invadido progresivamente por latifundistas, políticos y comerciantes.
“Sólo ahora la justicia está reconociendo de modo definitivo el derecho superior de los indígenas”, escriben el CIMI y el CPT. “Lo que dom Pedro siempre ha pedido es que los pequeños agricultores engañados –muchos fueron incentivados a ocupar tierras para ocultar los intereses de otros– sean ubicados en otras tierras gracias a la reforma agraria. Pero tanto ayer como hoy –concluyen– se observa que los pequeños siguen siendo una masa manipulada por los grandes y por los políticos en el intento de negar a los pueblos indígenas la garantía de un derecho que les reconoce la Constitución brasileña”.
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