La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dª. Navi Pillay, ha denunciado que en Eritrea las torturas y las ejecuciones sumarias son abusos al orden del día.
Indica que los abusos en ese país incluyen detenciones arbitrarias, torturas, trabajos forzados, servicio militar
obligatorio y amplias restricciones a la libertad de expresión, reunión y
religión
Más de 10.000 prisioneros políticos cumplen condena en Eritrea, señaló la sra.
Pillay, e indicó que el destino de esos presos es incierto.
También deploró que el país se niegue a cooperar con su oficina y con otras organizaciones de derechos humanos.
Periódicamente, los grupos que luchan por
los derechos humanos levantan sus voces contra las condiciones de vida
de casi seis millones de ciudadanos eritreos, y cada año (según
estimaciones en circulación), hay miles de personas que tratan de huir
al exterior para evadir el servicio militar obligatorio para todos los
ciudadanos, hombres y mujeres de entre 18 y 48 años, por tiempo
indeterminado.
En los últimos años, miles de personas han huido de la represión y la
pobreza del país y han buscado refugio en Sudán, Israel y Europa, según
organizaciones no gubernamentales.
En Eritrea, país independizado de Etiopía en 1993, no se han organizado nunca elecciones independientes.
Existe un único partido reconocido legalmente, que está integrado por los antiguos rebeldes del Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ), y que es el partido que gobierna desde que se obtuvo la independencia.
Defensores de los derechos humanos denuncian cientos de miles
de arrestos incomunicados en las cárceles secretas y subterráneas que
hay en el país, donde los prisioneros – la mayor parte de opinión
contraria, incluidos periodistas y supuestos disidentes – son sometidos a
torturas y malos tratos.
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