Nueve de cada diez embarcaciones implicados en la pesca ilegal frente
a las costas de Sierra Leona envían sus productos a los mercados de la
Unión Europea con la autorización de Bruselas. Lo denuncia un informe
basado en los testimonios de 23 comunidades que viven en las costas del
Golfo de Guinea.
El estudio es fruto de una investigación que duró 18 meses,
coordinada por la organización no gubernamental británica ‘Fundación
para la Justicia Ambiental’ (‘Environmental Justice Foundation’).
Gracias a la acción de monitoreo efectuada por las comunidades costeras
se han detectado 250 infracciones que van desde la pesca en zonas
protegidas al uso de equipamientos prohibidos. El informe destaca que
gran parte de los ilícitos son cometidos por embarcaciones que navegan
bajo banderas de conveniencia y que son autorizadas a entregar su pesca
en los puertos europeos.
“Como principal importador de pescado –denuncia la Fundación para la
Justicia Ambiental– la Unión Europea tiene una responsabilidad crucial
en la lucha contra la pesca ilegal, clandestina y no regulada”. Las
comunidades costeras destacan que con frecuencia los pesqueros
extranjeros se niegan a pagar las multas, corrompen a los oficiales o se
desplazan a las aguas territoriales de países vecinos para evitar
sanciones. Según estimaciones actuales, la pesca ilegal sustrae cada año
a los países del Golfo de Guinea el equivalente a 1.160 millones de
euros.
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